Los juzgados de Manacor están estudiando medidas cautelares contra las actividades ilícitas en Cala Varques en Manacor e incluso de manera provisional el precinto de las zonas vírgenes protegidas, hasta que se depuren responsabilidades si las hubiesen. El tema se ha complicado mucho en Cala Varques, se están cometiendo presuntos delitos, se amenaza a la propiedad, se agrede a los abogados que intervienen.

Se derrumban propiedades, se amenaza a muerte a las propietarias, se incumple las ordenes del Govern, no se subsana el medio ambiente, se hace caso omiso a la autoridad competente, se tiran abajo las barreras de entrada y salida, se acampa, se montan grandes naves en zona ANEI y se practican actividades ilegales comerciales y delitos contra la salud pública. Las denuncias de la Policía, instituciones y residentes ha precipitado la acción de los jueces.

Hay varias denuncias en los juzgados, ha intervenido la Fiscalia, ha comparecido el SEPRONA, y Medio Ambiente, hay órdenes de Costas. Los Juzgados como decimos estudian intervenir de forma cautelar ante la alarma social porque se están cometiendo presuntamente delitos, y no descarta medidas cautelares urgentes en los próximos días e incluso el precinto de la zona, para evitar algún escándalo e incluso peligro contra la vida de la personas. La Policía no descarta realizar detenciones y poner a disposición judicial a los delincuentes.

El mandamiento judicial será de obligado cumplimiento para todos. Quien lo incumpla será acusado de desacato a la autoridad. Hemos sabido de fuentes de la investigación que se ha iniciado el expediente y muy pronto habrá un auto con las disposiciones. No es de recibo que se produzcan amenazas tan graves e incluso que se escriba que van a matar a personas. Se han hecho pruebas caligráficas. Jueces y Fiscales de la mano de las instituciones y Policía han tomado cartas en el asunto sobre el arenal de Cala Varques y el ANEI y en los próximos días podemos asistir a una decisión judicial sin precedentes.

Medi Ambient pide en la Fiscalía que investigue un posible delito de desobediencia por parte del propietario de la cantina de Cala Varques. Agentes de medio ambiente han constatado la negativa del individuo a desmontar la instalación. La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha tramitido a la Fiscalía de las Illes Balears dos expedientes administrativos relativos al bar ilegal de Cala Varques para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia por parte del propietario de esta instalación.

La decisión se ha tomado una vez se ha constatado, hasta tres veces, la negativa del propietario de la instalación ilegal a desmontarla, en virtud de la resolución de conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de día 17 de abril donde se adoptaban medidas provisionales urgentes. Estas consistían en la retirada de las instalaciones, el cese de la actividad de venta de bebidas y comida, así como del depósito de los bienes amueblas asociados a esta actividad.

El documento ya advertía al responsable que se abstuviera de llevar a cabo la instalación de la cantina sin las autorizaciones respectivas, advirtiéndolo que la desobediencia podía dar lugar a la correspondiente responsabilidad penal o administrativa. La resolución de adopción de medidas cautelares fue ratificada por una nueva resolución, de día 13 de mayo, por la cual se inicia un procedimiento sancionador en materia de espacios de relevancia ambiental contra el responsable de la cantina y en la cual se le insta a desmantelar las instalaciones.

Agentes de medio ambiente han levantado diez actas entre los días 13 y 27 de abril donde se constata que el bar no ha sido desmontado. En tres de estas se refleja que el propietario manifiesta explícitamente que no lo desmontará. El individuo ha alegado, en varias ocasiones, que la cantina es su domicilio y, por lo tanto, los agentes de medio ambiente no pueden hacer nada, dado que pasa a ser una competencia de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, porque se trata del dominio público maritimoterrestre.

Debido a la voluntad persistente y negativa al desmantelamiento de las instalaciones, la Conselleria ha decidido trasladar a la fiscalía los dos expedientes administrativos abiertos para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia.

Cabe recordar que, como antecedente de estos mismos hechos, consta un primer procedimiento sancionador contra el propietario del bar por infracción en materia de espacios de relevancia ambiental, el cual concluyó con la resolución de día 4 de marzo de 2019 por la cual se le declaraba como responsable de una infracción administrativa tipificada en la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) que fue tramitada a consecuencia de diferentes actas de denuncia de agentes de la guardia civil y de agentes de medio ambiente. En la resolución se imponía una multa de 100.000 € y la obligación de restaurar el medio natural al estado original.