UGT IMPUGNARÁ EN EL TERRITORIO NACIONAL LAS ADJUDICACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA A EMPRESAS QUE NO DISPONGAN DE PLAN DE IGUALDAD

Determinadas empresas de seguridad privada son adjudicatarias de contratos públicos sin disponer de plan de igualdad requisito imprescindible por Ley para participar en los contratos públicos

La falta de control por parte de la administración unida a la manifiesta deslealtad de determinadas empresas de seguridad privada está generando adjudicaciones de servicios de seguridad ya no solamente con bajas de precio que no garantizan el empleo estable y de calidad, sino que también en un manifiesto incumplimiento legal al no disponer de plan de igualdad.

Este es el modelo de contratación instaurado en nuestro país que obedece a una administración pública que gestiona ineficazmente el dinero público adjudicando concursos a bajo precio a empresas que posteriormente desaparecen del sector enviando a las personas trabajadoras a la exclusión social, sino que además tampoco es capaz de comprobar fehacientemente la documentación presentada por las empresas para ser adjudicatarias de este tipo de contratos vinculados a la seguridad privada.

UGT a este respecto pone en marcha una campaña estatal denominada sin IGUALDAD NO HAY DERECHOS, SIN IGUALDAD NO HAY CONTRATACIÓN

PÚBLICA destinada a denunciar todos aquellos concursos públicos donde la administración por torpeza o dejación de funciones adjudique concursos a empresas que no disponen de plan de igualdad.

Este país en general y la seguridad privada en concreto merece un cambio de modelo en la contratación de servicios por parte de las administraciones públicas que garantice empleo estable y, a su vez, responda por parte de la administración subsidiariamente por las empresas subcontratadas por ésta. UGT recalca que el Gobierno debe reaccionar de una vez por todas ante una situación fallida de subcontratación instaurado en este país y que debe ser modificada por un modelo capaz de fomentar una solidez de empresas subcontratadas que a su vez mantengan una solidez en materia de empleo y condiciones laborales, el Gobierno no debe ser cómplice de una situación que fomenta un bajo perfil de empresas y una desregularización total de las personas trabajadoras en sus condiciones laborales.