LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA PHOENIX PRESENTA CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES CON AFECTACION A LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA EN EL AMBITO NACIONAL

El concurso que afecta unas 800 personas trabajadoras en diferentes territorios queda recogido en el Auto de fecha 17 de septiembre de 2025 por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona.

Según fuentes consultadas desde UGT y a la espera de los acontecimientos que puedan derivarse en próximas fechas, el motivo que ha llevado a la Mercantil a la presentación el concurso se debe a la derivación a PHOENIX por parte de la delegación de Hacienda en Madrid durante el mes de abril del presente año, de una deuda generada por un tercero unida a la adopción de medidas cautelares con afectación directa a entidades bancarias y propios clientes.

Las mismas fuentes consultadas desde el Sindicato afirman que PHOENIX cerró el ejercicio contable de 2024 con un beneficio que superaba los 800.000 euros y un EBITDA del 4%, cifras que incluso mejoraron durante el ejercicio actual. Esta situación según las mismas fuentes, sitúa la medida de hacienda como cuestionable unida a negar a la Mercantil cualquier tipo de negociación al respecto.

Al parecer en forma simultánea al Concurso presentado por la Mercantil otra empresa del sector ha presentado oferta para la adquisición de la unidad productiva asumiendo la continuidad de la totalidad de la plantilla vinculada laboralmente hasta la fecha en PHOENIX haciéndose cargo a su vez de las deudas que pudieran generarse.

Desde UGT asistimos nuevamente a un concurso situado en el marco de la seguridad privada que vuelve a demostrar la fragilidad de un sector donde en forma global determinadas empresas concurren al mismo, sobre todo en los contratos públicos, con el único objetivo de incrementar su facturación sin ningún parámetro que garantice la calidad de sus servicios ni blindar las condiciones de empleo y laborales de sus plantillas.

Para UGT y centrados en la situación de PHOENIX, el administrador concursal debe agilizar el propio expediente desde la intención inequívoca del mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras que sin duda son las más afectadas y menos culpables de las presuntas actuaciones llevadas desde Hacienda y desde instancias empresariales.