Quiero creer que las empresas que participan en estos eventos , pagan "religiosamente" todos los impuestos inherentes a su actividad , contratan al personal adecuado y con todas las garantías habidas y por haber. La administración debe "fiscalizar" que esto se cumpla , y no dejan de ser ingresos adecuados a la actividad que se desarrolla.

Un placer leerte, sigue así, un lujo

Muy bien Antònia me gustan tus reflexiones, acertadas

¿Calculamos el coste de aquello que incentivamos? La reflexión planteada por PIMEM-Restauración va bastante más allá de saber cuántos metros debe tener una barra o cuántos *food trucks* pueden instalarse en un macroevento. Quizá deberíamos hacernos una pregunta anterior y bastante más incómoda: **cuando una Administración decide incentivar una determinada actividad, ¿calcula realmente todo lo que esa decisión cuesta a la sociedad?** Porque una cosa es conocer el presupuesto de un acontecimiento y otra muy distinta conocer su coste real. Un macroevento tiene un coste directo de organización, pero también puede requerir seguridad, limpieza, gestión de residuos, movilidad, transporte, servicios sanitarios y utilización intensiva del espacio público. Puede afectar al descanso de los vecinos y, como plantea PIMEM-Restauración, concentrar dentro de un recinto temporal un consumo que deja de producirse en establecimientos que mantienen durante los doce meses del año trabajadores, alquileres, impuestos, licencias y obligaciones administrativas. No significa que no deban celebrarse estos acontecimientos. Significa que **deberíamos aprender a evaluar lo que financiamos no solamente por lo que cuesta organizarlo, sino también por los efectos que produce**. Y aquí aparece una contradicción todavía mayor. Desde las administraciones locales, autonómicas y estatales destinamos cada vez más recursos a sanidad mientras hablamos constantemente de prevención. Nos recomiendan cuidar la alimentación, realizar actividad física, descansar suficientemente y adoptar hábitos que favorezcan nuestro bienestar físico y mental. Son recomendaciones razonables. Pero quizá deberíamos preguntarnos también si aquello que las propias instituciones financian, promocionan o facilitan está siempre alineado con ellas. No se trata de cuestionar el ocio, la música o las fiestas, ni mucho menos de decir a un ciudadano adulto cómo debe vivir. **La libertad individual también consiste en decidir cómo queremos divertirnos**. La cuestión es otra: **qué debe incentivar una Administración con los recursos que pertenecen a todos**. Si cada vez necesitamos dedicar más recursos a atender problemas relacionados, entre otros factores, con determinados estilos de vida, quizá además de preguntarnos cuánto dinero necesita nuestro sistema sanitario deberíamos plantearnos qué entornos estamos construyendo para intentar necesitarlo menos. La misma reflexión sirve para la economía. Pedimos al pequeño empresario que cumpla escrupulosamente con fiscalidad, contratación, prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria, residuos, horarios, aforos y multitud de obligaciones regulatorias. Es razonable que así sea. Pero entonces resulta igualmente razonable exigir exactamente el mismo nivel de rigor cuando quien organiza, promueve o facilita una actividad económica es la propia Administración. Defendemos el comercio y la restauración de proximidad y, al mismo tiempo, podemos organizar acontecimientos capaces de concentrar a miles de potenciales consumidores dentro de un recinto temporal. Defendemos la sostenibilidad y después necesitamos movilizar recursos extraordinarios de limpieza, seguridad y transporte para determinadas concentraciones. Defendemos el descanso y los hábitos saludables mientras una parte importante de nuestro modelo colectivo de ocio continúa vinculada a grandes concentraciones y horarios nocturnos. **Cada una de estas decisiones puede tener sentido aisladamente. La incoherencia aparece cuando las observamos conjuntamente**. Y quizá sea precisamente ahí donde deberíamos empezar a cambiar nuestra manera de razonar. Mallorca dispone de cultura, gastronomía, deporte, patrimonio, música, naturaleza y una extraordinaria tradición de vida social. Las fiestas y verbenas de nuestros municipios forman parte de ese patrimonio colectivo y muestran, además, una manera de distribuir la actividad cultural y social por todo el territorio. No se trata de sustituir unas formas de ocio por otras. Se trata de ampliar nuestra manera de entenderlo y preguntarnos qué combinación de actividades queremos favorecer para la Mallorca en la que deseamos vivir. Pero, sobre todo, deberíamos empezar a incorporar una pregunta aparentemente sencilla a muchas decisiones públicas: **¿Cuál es el coste completo de aquello que estamos incentivando?** Coste económico, por supuesto. Pero también sanitario, social, medioambiental, empresarial y de oportunidad. Porque quizá una buena Administración no debería medirse solamente por cuánto dinero destina a solucionar los problemas una vez aparecen, sino también por **cuántos consigue evitar gracias a las decisiones que toma antes de que aparezcan**. **Prevenir no debería ser únicamente una recomendación de una campaña institucional. Debería convertirse también en un criterio de gobierno**.